En el ciclo «Políticas públicas y democracia: ¿hacia dónde vamos?», Carolina Quiroga y Leonardo Moreno conversaron sobre por qué la seguridad también es un tema de la sociedad civil, y sobre cómo los bienes decomisados al crimen organizado pueden volver a las comunidades.

El 4 de noviembre, en el Auditorio Colunga, realizamos la charla «La seguridad como bien compartido: ¿qué rol tiene la sociedad civil en la agenda de seguridad?», parte del ciclo Políticas públicas y democracia: ¿hacia dónde vamos?. Contamos con Carolina Quiroga, socióloga y especialista en políticas públicas de seguridad y justicia, y con Leonardo Moreno, abogado y doctor en Derecho y Políticas Públicas.

La conversación partió de una constatación: la agenda de seguridad en Chile se concentra en la persecución penal. De los 19 proyectos con urgencia legislativa revisados, ninguno aborda de forma explícita la prevención social, la atención a víctimas, la reinserción o la participación ciudadana. Para Quiroga, la pregunta no es si perseguir o no el delito, sino qué más necesita una política de seguridad integral.

Moreno mostró que la inseguridad también es una dimensión de la pobreza. Según la Casen 2024, el 28,2% de los hogares del país declara haber vivido o presenciado tráfico de drogas, balaceras o peleas con amenazas en su entorno inmediato. Planteó además que el crimen organizado reproduce la pobreza al capturar territorios, quitarle espacio público a las comunidades y reclutar adolescentes. Y que las organizaciones de la sociedad civil, aunque ya hacen prevención social en sus territorios, rara vez la reivindican como parte de una agenda de seguridad. Propuso que la sociedad civil deje de ocupar solo el lugar de demandante o de víctima y ejerza cuatro funciones: producir conocimiento, proponer, intervenir y custodiar mínimos. Siempre sin reemplazar a policías ni fiscales, y sin intervenir sin acuerdo de la comunidad.

Como oportunidad concreta, se presentó la reutilización social de los bienes decomisados. Chile incauta más de 800 mil bienes, pero no cuenta con un sistema único para administrarlos ni con una vía clara para darles un destino. La propuesta de la iniciativa Bien Restituido Chile (Fundación Avina y Sinodar) es transformarlos en bienes comunes mediante una acción patrimonial autónoma, una institucionalidad especializada y un sistema integrado de destinación que incorpore el uso social. Italia, que lleva 30 años devolviendo a las comunidades lo confiscado a la mafia, mostró que este camino es posible.

La charla cerró con una conversación abierta sobre las capacidades, las alianzas y las formas de participación que necesita la sociedad civil para incidir en una seguridad integral, que respete las libertades y fortalezca la democracia.

Recursos

Agradecemos a Carolina y a Leonardo por compartir su mirada, y a todas y todos quienes participaron y aportaron a la conversación.

Para quienes quieran volver sobre lo conversado, les dejamos: