Un nuevo escándalo de corrupción lastima una vez más la confianza de la ciudadanía peruana en sus instituciones.

El pasado mes de julio fue particularmente agitado en Perú, porque desde primera fila vio la renuncia de varios altos cargos del poder judicial. A partir del 7 de julio, el periódico IDL-Reporteros publicó varios artículos, empezando por “Corte y corrupción”, en los que sacó a la luz grabaciones de conversaciones telefónicas enviadas por fuentes anónimas. Estos audios revelaron actos de corrupción y de tráfico de influencia implicando a varios jueces, entre ellos el juez supremo César Hinostroza. Esto fue la chispa que desató un nuevo episodio en la crisis institucional que vive Perú.

El Ministro de la Justicia Salvador Heresi, renunció el 13 de julio por solicitud del Presidente del país Martín Vizcarra. Poco antes se había filtrado una conversación telefónica entre el ministro y el juez supremo Hinostroza. Ese mismo día, con estos antecedentes, suspendieron a cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao implicados en las grabaciones reveladas por IDL-Reporteros.

El 19 de julio ante la magnitud de los escándalos varios magistrados dejaron sus cargos, entre ellos el Presidente de la Corte Suprema Duberlí Rodríguez y el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velásquez. Ese día miles de peruanos y peruanas marcharon en Lima y en otras ciudades del país para protestar contra la corrupción que consume el sistema judicial.

Este nuevo escándalo ocurrió en un contexto nacional ya marcado por distintos casos de corrupción. Hace sólo cuatro meses, Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, renunció a la presidencia mientras estaba acusado de haber otorgado varios contratos públicos a la firma brasileña Odebrecht a cambio de un apoyo financiero.

En Perú, además, el caso Odebrecht involucra a varias otras personalidades políticas, entre ellas los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011) actualmente investigados por la Fiscalía. También a Ollanta Humala y Keiko Fujimori sospechados de haber financiado sus campañas presidenciales respectivas en 2011 con dinero de la empresa.

El escándalo Odebrecht no se detuvo en la frontera peruana. Hoy están implicados políticos de 12 países, entre ellos 10 son latinoamericanos. El monto de los actos de corrupción que la firma brasileña cometió en dichos países se estima en 788 millones de dólares estadounidenses.

Odebrecht, Lava Jato, Penta, SQM… Los casos de corrupción siguen estallando lo que daña gravemente la relación entre la ciudadanía y los poderes públicos de nuestra región. El último informe de Transparencia Internacional muestra que la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran en niveles muy críticos en cuanto a la percepción de la corrupción de sus distintas instituciones. Y en este contexto, tienen mucha razón.

La corrupción atenta contra nuestras democracias, sin embargo, no significa que debamos rendirnos. La indignación popular ya logró cambios históricos. Ahora debemos continuar la lucha porque juntxs somos más fuertes. En FCI seguiremos trabajando para combatir la corrupción y para construir sociedades donde el interés común prime siempre sobre los intereses particulares.