En Chile existen 547 niños, niñas y adolescentes en situación de calle. O al menos 547, pues la cifra proviene de un conteo realizado por el gobierno durante 24 días a fines de 2018 y que múltiples especialistas consideran subestimada. 82% de esta cifra corresponde a jóvenes entre 15 y 17 años. Esto quiere decir que hay -en el registro- medio millar de adolescentes que en su gran mayoría quedaron rezagados de la educación escolar, han sufrido maltrato psicológico y quienes sienten una enorme desconfianza del mundo adulto(céntrico), incluidas sus instituciones. A su vez, esto significa que hay más de 500 jóvenes que producto del estigma y las fallas del sistema, no estarán equipados para vivir una vida adulta digna. Y que si la situación actual se mantiene, son cinco centenares que podrían llegar a ser oficialmente diez, o quince, o treinta. Porque a pesar de los múltiples (e históricos) intentos desde todos los sectores, el día de hoy en Chile no se está avanzando en una política que realmente aborde la realidad de la niñez en situación de calle.

Desde Vigilantes, nuestro observatorio del Acuerdo Nacional por la Infancia, estamos atentas a cuánto se hace y cuán bien se hace. Las cifras son poco alentadoras: si bien el Acuerdo impulsado por el Presidente Piñera contempla que se realice una política nacional de calle, se ha avanzado un 33% y su nota de calidad es 1.0 de 7.0. ¿Cuáles son los puntos más críticos para el desarrollo de esta política? ¿Qué esfuerzos se están haciendo para lograrla? ¿Cuáles son las medidas más factibles para comenzar a avanzar en una política que le dé garantías y derechos a las niñas y niños en situación de calle? Estas son algunas de las preguntas que contestaron las y los panelistas Gabriel Boric (Diputado de Convergencia Social e integrante del Acuerdo Nacional por la Infancia), Mónica Contreras (Directora de Incidencia del Hogar de Cristo), Camilo Morales (Coordinador del Programa de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile) y Francis Valverde (Directora Ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas).

En una reflexión intersectorial e interdisciplinaria como la realizada el pasado lunes 14 de octubre con las y los especialistas mencionados, resulta inspirador encontrar puntos de encuentro a lo largo de la discusión. Todas las personas en el panel estuvieron de acuerdo en que 1) debe existir una ley de garantías que asegure los derechos de la infancia en Chile, 2) las instituciones del Estado deben trabajar juntas, generando alertas cruzadas, 3) son necesarios datos correctos y recogidos con herramientas consistentes para crear las políticas, y 4) las metodologías deben hacerse con criterio técnico. En todo esto, Chile está al debe. Según afirmaron los especialistas, las políticas no solo han sido insuficientes, en muchos casos han sido dañinas. Y como resultado, se profundiza la permanencia de nuestros niños y niñas en la calle. Se les despoja de dignidad, de posibilidades de cambiar su situación y se les tilda de delincuentes. (Y es importante llamarles así, recalcaron: “nuestros” niños y niñas de la calle. No “esos” niños, dado que construye desde el lenguaje una otredad que los margina más aún del resto de la sociedad.)

Dado todo lo anterior, no resulta una sorpresa que el panel haya provocado la pregunta: ¿cómo generamos instituciones que puedan reestablecer la confianza en los adultos? Parte de la respuesta es la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en las soluciones. Pocas veces se les consulta más allá de las preguntas necesarias para caracterizarles (y profundizar esa estigmatización, pues pasan de ser niños y niñas a ser “drogadictos”, “reincidentes”, “delincuentes”). Y una vez que se llenan las fichas con todos los datos de jóvenes que viven en la calle nadie les rinde cuenta de qué pasa con su información ni para qué se usan sus datos. ¿Por qué nos preocupamos de la privacidad de los datos de adultos pero no de la de niñez en situación de calle? Asimismo cabe preguntarse: ¿cómo está administrando el Estado esos datos para construir programas y políticas que abordan a esta población tan vulnerada? Porque si ya sabemos que se reproducen los sesgos de quienes crean las herramientas en términos de género y raza, por ejemplo, en el caso de jóvenes de la calle, si es que existen decisiones automatizadas de seguro les relegan a ciudadanos de segunda clase, tal como lo hace la sociedad.

Si bien los desafíos para abordar el problema de niños, niñas y adolescentes en situación de calle son múltiples y altamente complejos, existe al menos esperanza. Organizaciones que llevan décadas preocupadas del tema siguen en la lucha a pesar de la dificultad, nuevas y nuevos agentes de cambio se están involucrando al conocer la realidad de la juventud en la calle y mal que mal, representantes del parlamento, la academia y la sociedad civil son capaces de sentarse a proponer soluciones y llegar a ciertos acuerdos desde la diversidad de sus perspectivas intersectoriales. Vigilantes no se cansará tampoco de empujar hasta que medidas tan cruciales como son las que prometen cero niños en la calle se aborden seriamente desde el Estado y con ayuda de todos quienes pueden aportar.