Más de 1.500 activistas ambientales han sido asesinados en los últimos 15 años. Y sólo en el 2018 asesinaron a 164 personas por defender sus tierras, es decir, cada semana de ese año mataron a tres defensores ambientales en el mundo. Lo peor es que el 51% de esas muertes se produjeron en América Latina. Hoy, en el Día Mundial de la Tierra y ante la crisis generada por el COVID-19, que ha dejado en evidencia los vestigios provocados por el sobre consumo y la sobreproducción, es más importante que nunca cuidar a quienes protegen y defienden el medio ambiente. Quienes a pesar de su rol fundamental en la lucha por resguardar los ecosistemas para y por todas las personas, se encuentran en constante peligro.

Existen distintas razones por las que estas personas defensoras y activistas se encuentran en una situación particular de riesgo en la región. Según Amnistía internacional hay tres: La primera es porque muchas de esas personas son parte de grupos vulnerados; como pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Además, Latinoamérica todavía ostenta el título de la región más desigual del mundo, lo que agrava la situación de comunidades que ya presentan un alto grado de vulneración y que, por ende, están aún más susceptibles a los ataques.

La segunda se debe a la explotación de recursos naturales en sus territorios y el control que tratan de ejercer sobre esos grupos armados en la región. Lo anterior ha llevado a la afectación del derecho al territorio de comunidades originarias la intensificación de la violencia, e impactos al medio ambiente generado bien sea por temas de contaminación o por actividades ilegales en la zona, por ejemplo: la tala ilegal.

El tercer factor es la falta de protección adecuada a personas y comunidades defensoras del medio ambiente. De hecho según la Global Witness en todos los continentes, los gobiernos y las empresas están usando a los tribunales y a los sistemas judiciales de los países como instrumentos de opresión contra quienes representen una amenaza a su poder y a sus intereses. Existiendo gobiernos que clasifican a las personas defensoras como terroristas o enemigas del Estado, o flexibilizando de las leyes nacionales para criminalizar la protesta social.

Como Red Colectiva creemos que la respuesta de los Estados ha sido sumamente débil cuando se trata de comunidades que han sido atacadas. Esto se debe principalmente a que muchos de ellos todavía ven la defensoría de los derechos humanos como algo individual y no como algo colectivo. Además, el criminalizar a las personas defensoras de manera legislativa y estatal hace que los ataques en su contra parezcan legítimos.

Hoy en el Día Mundial de la Tierra exigimos:

  • Políticas públicas integrales de prevención y protección hacia lxs defensores de derechos humanos en la región que permita atacar las causas de la violencia en su contra y que garantice un espacio seguro para la ejecución de su labor.

  • Poner fin a criminalización por parte del Estado hacia las y los activistas que protegen el medioambiente.

  • Monitoreo de la aplicación legislativa, ejecutiva y judicial del Acuerdo de Escazú, en los países que firmaron el tratado.

  • Promoción de leyes que limiten el extractivismo con fines económicos, en especial si esta provoca movilización forzada de comunidades y pueblos originarios y la devastación de los ecosistemas.

  • Transparencia y disposición de la información sobre el impacto que tienen los proyectos mineros, agroindustriales y forestales.

  • Creación de leyes que resguarden a aquellxs que alerten, denuncien y visibilicen crímenes contra defensores de la tierra y la naturaleza.

Estamos viviendo tiempos difíciles y de gran incertidumbre. Pero desde Ciudadanía Inteligente y la Red Colectiva nos mueve una sola certeza: juntas y juntos somos más fuertes.