Con los casos de contagio y las muertes aumentando exponencialmente, Brasil se enfrenta hoy a dos grandes enemigos: COVID-19 y el Presidente Jair Bolsonaro. Desde el comienzo de la pandemia, el actual presidente ha minimizado los riesgos de la enfermedad, subestima las medidas de contención y ha estado llevando a cabo acciones, aún sospechosas de estar contaminadas, que ponen en riesgo la salud de la población y el futuro económico del país.

El 10 de marzo, clasificó la pandemia como una “fantasía creada por los medios de comunicación”. Un mes más tarde, el país tenía más de 38.000 contaminados y más de 2.400 muertos. Un defensor del retorno inmediato de las actividades, cuando se le preguntó cuál sería el número de muertes aceptable para obtener tal fin, respondió: “No soy un sepulturero”.

Desde el comienzo de la pandemia, el presidente del país ha ido acumulando tensiones con líderes de otras esferas de poder, habiendo sido criticado por los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado en la toma de decisiones sobre la contención de la enfermedad, lo que hizo que su articulación en el Congreso se viera perjudicada. Hasta ahora sigue discutiendo con los gobernadores sobre la prioridad de dar órdenes sobre la suspensión de las cuarentenas, alegando que no está dispuesto a negociar.

Tras destituir al entonces Ministro de Sanidad, participó y apoyó un acto de ataque al Congreso y al STF, pidiendo el regreso de la dictadura. Por el hecho, recibió numerosas notas de repudio de los líderes de los poderes legislativo y judicial, de los gobernadores, de los ex presidentes Lula y Fernando Henrique Cardoso y de varias Organizaciones de la sociedad civil. La propia ala militar, gran base de apoyo del gobierno, se movilizó para detener la radicalización de su discurso del dia anterior, llevando al presidente afirmar que no necesitaba conspirar, porque ya estaba en el poder y completó con: “Yo soy realmente la Constitución.”

Preocupado por sus pretensiones electorales en 2022, Bolsonaro ha buscado el apoyo del llamado “centrão” en uno de los momentos más críticos de su gobierno, ofreciendo puestos de segundo nivel a cambio del apoyo de partidos de esta clase política tradicionalmente asociados al corporativismo partidario. El “centrão” representa hoy en día 260 de los 513 miembros de la cámara y la gama de opciones del presidente, que van desde los políticos condenados en el “Mensalão” y en la “Lava-Jato” hasta los implicados en otros escándalos de corrupción en la política nacional.

Habiendo sido determinado por el Tribunal Superior que uno de los mayores opositores políticos actuales del Bolsonaro, el Presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, se expresa sobre las peticiones abiertas de impeachment. Pero la crisis gubernamental continúa: Sérgio Moro, hasta entonces Ministro de Justicia y Seguridad Pública, renunció al gobierno con duras críticas al intercambio de indulgencias de Bolsonaro para protegerse del posible futuro de las investigaciones. En síntesis en 16 meses de gobierno, 7 ministros ya han dejado o han sido destituidos de sus cargos.

Todo esto se debió principalmente a que Bolsonaro rompiera viejos acuerdos con el ministro Moro, responsable de gran parte de su base de apoyo, exonerando al comandante de la Policía Federal para nombrar un aliado en un momento de investigaciones que involucran principalmente a sus hijos. El puesto también se encargaría de investigar al director general en caso de que se iniciara un procedimiento de destitución. La renuncia resultó en la exposición de posibles delitos que la familia de Bolsonaro pudo haber cometido en el cumplimiento de sus mandatos. Esto generó incidencia en las investigaciones sobre corrupción y enriquecimiento ilícito. Es importante destacar que la familia del presidente sigue siendo el principal sospechoso de la muerte de la concejala y activista Marielle Franco (y eso nunca se puede olvidar).

Además del aislamiento en el campo sanitario, las acciones del presidente también están poniendo en riesgo la recuperación económica. Hasta entonces, su posibilidad de reelección estaba vinculada con el crecimiento económico que el mismo prometió en su campaña. Sin embargo, en 2019 tuvimos un PIB pobre y sin mejoras proyectadas. El escenario creó desconfianza en el progreso entre los empresarios y los políticos centrados en el mercado que se beneficiarían de apoyar la agenda ultraliberal y anti-estatal de Paulo Guedes. El equipo económico fue incapaz de dar respuestas incluso antes de la pandemia y ahora promueven una de las mayores intervenciones estatales en la economía brasileña.

Ante este escenario de crisis, desde Ciudadanía Inteligente hacemos un llamado al gobierno de Bolsonaro para impulsar un liderazgo de unificación hacia los intereses del país, como una forma de disminuir las tensiones de la polarización en lugar de centrarse en su núcleo duro de votantes. Su alejamiento de las recomendaciones de la OMS y su ofensa a las normas democráticas constitucionales lo sitúan en un campo cada vez más restringido, radical y autoritario.

Sus recientes acciones son una clara muestra de desesperación por la reelección. Para ello, está dispuesto a deshonrar los compromisos políticos, debilitar el país socioeconómicamente y aumentar las tensiones de ataque a las instituciones democráticas. Guiándose por los esquemas de la vieja política, no observa que el momento actual exige la renovación de los modelos de gobierno, la defensa de las instituciones democráticas y la protección de las clases sociales más débiles. Cualquier teoría sobre una impugnación sigue siendo estudiada, pero Bolsonaro sigue cavando su declive político mientras Brasil sufre en medio de una de sus peores crisis.

En las vísperas de las elecciones municipales el ambiente es cada vez más violento, debido a las disputas entre las distintas esferas de poder. Desde Ciudadanía Inteligente entendemos que se deben asumir algunos compromisos y no nos quedaremos de brazos cruzados. Nuestro proyecto #GIRO2020 propone precisamente una reanudación de la defensa de la equidad de acceso a los servicios esenciales, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento democrático. Nuestro objetivo es claro: fortalecer las candidaturas comprometidas con los debates en profundidad sobre las desigualdades estructurales y los derechos humanos, así como la defensa del estado democrático de derecho.