Texto escrito por: Alexa Daryana Pérez González, politóloga internacionalista del CIDE, pasantía en Políticas Públicas en Mexiro A.C.

El pasado 6 de junio se celebraron, lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) de México catalogó como, “las elecciones más grandes de la historia”; se contendieron más de 20 mil cargos. En específico, se realizaron elecciones para designar puestos locales — gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales, alcaldías, entre otras. — y se renovó la composición de la Cámara de Diputados. Además, por primera vez se consideró por ley la inclusión de grupos sociales históricamente vulnerados y discriminados. Los partidos políticos fueron obligados a incorporar un porcentaje mínimo de personas de la comunidad LGBTTTIQA+ y pertenecientes a un grupo indígena en sus candidaturas.

Asimismo, en lo que respecta a la inclusión de las mujeres se registró la participación de 53 candidatas y se impulsaron iniciativas como Auna (plataforma digital diseñada para impulsar liderazgos de mujeres). Además, la fecha fue histórica en lo que respecta a la participación de la ciudadanía ya que el INE registró 53.7% de atendencia. También, es importante mencionar que las “más grandes elecciones de la historia” en México representaron un avance significativo de la derecha en los cargos públicos del país; la Jefa de Gobierno de la capital de México se convierte en la primera regidora de la CDMX en gobernar un territorio donde los cargos locales están ocupados en su mayoría por la oposición.

Si bien hasta aquí parece que el proceso electoral en México se vivió de una manera idílica en los tiempos de la democracia moderna —donde abundó la participación civil, la homogeneidad social en términos de ideología y la inclusión de distintos clivajes en las candidaturas— esto está lejos de ser la verdad. El 06 de junio sirvió como una fecha para denotar las múltiples áreas de oportunidad que existen en la política mexicana. En primer lugar, el llamado “retroceso de la izquierda” en la capital del país y algunas de las candidaturas locales, más allá de ser un indicador respecto a las preferencias ideológicas de la sociedad mexicana, es atribuible a otras razones que, en cambio, reflejan un descontento social, una abstinencia de movilización de los y las mexicanos que comulgan con la izquierda y una decepción con el actual gobierno y en menor medida, un voto de castigo. Así, es que, el avance de la derecha, en gran parte, corresponde a las alianzas de diversos partidos (pequeños y medianos) de derecha y la división, actos de corrupción, mal gestionamiento e incongruencia del partido por excelencia en México —ya que así se autodenomina— de izquierda: MORENA.

En segundo lugar, si bien el INE se encargó de felicitar a los individuos por ejercer el derecho al voto y de enorgullecerse por los “números históricos” de participación ciudadana, en el colectivo público reinó la sensación de que las personas candidatas no los representaban. Así, durante la época electoral los individuos se vieron obligados a decidir entre: votar por alguien que no los representara o dejar que ganaran las preferencias de otros que, a su vez, era probable que tampoco los representara.

En la sociedad se instauró un aire de desesperanza y frases como “hay que elegir al menos peor” y “no hay ni a quien irle” se repetían. Las opciones de las personas mexicanas eran limitadas: votar por partidos jóvenes que probablemente no iban a alcanzar el porcentaje necesario para ganar, votar por el partido político del actual presidente (de nombre MORENA, con el cual una gran parte de la población, a tres años de su gobierno, ya no comulga) o votar por la coalición del partido que tuvo en una dictadura a México por más de 70 años (PRI).

Además, por si esto no fuera lo suficientemente problemático, algunos individuos trataron de no guiarse por el partido sino que pensaron en elegir al mejor candidatx, revisar las propuestas y, a partir de eso, tomar una decisión más “objetiva.” Sin embargo, este proceso fue complejo; es decir, la mayoría de las personas candidatas no proporcionaban información completa en el registro del INE y en lo que respecta a otras plataformas de apoyo, de igual manera, los datos eran escasos, incompletos y en muy pocas ocasiones suficientes para tomar una decisión.

Ahora bien, tomando en cuenta las propuestas a las que los ciudadanos pudieron acceder, éstas en general, eran deficientes y aquellas que correspondian a la atención de las necesidades de las mujeres y personas miembras de un grupo étnico o del colectivo LGBTTTIQA+ eran vagas e imprecisas además, entre otras cuestiones, la experiencia de los candidatos distaba de ser satisfactoria. Así, esto solo sirvió para confirmar los sentimientos de la ciudadanía: lxs candidatxs no están tomando las acciones necesarias para incidir y representar de manera adecuada a la población. Por tanto, estas elecciones distaron de ser inclusivas sino que más bien fungieron como un proceso de representación descriptiva en lugar de representación sustantiva; es decir, las boletas electorales se usaron como medio para mejorar la forma y no necesariamente el fondo en materia de representación.

Ahondando en el caso específico de la representación de las mujeres también es importante denotar que, en la mayoría de los casos, las candidatas tienen a comulgar con intereses patriarcales, perpetuar actitudes machistas o simplemente se concentran en representar al grupo de mujeres con la menor intersección de desigualdades posible; es decir, aquellas de estratos socioeconómicos altos que no sufren otros tipos de discriminación. En este sentido, uno de los grupos mayormente afectados a partir de los procesos electorales han sido las mujeres que además se encuentran atravesadas por alguna categoría de raza, clase y/o preferencia sexual. Esta situación es alarmante y debe de parar ya que el acto de rechazar los intereses de los diversos grupos de mujeres significa relegar las necesidades de gran parte de la sociedad.

Por tanto, es importante reflexionar y tomar en cuenta que muchas veces las candidatas que promueven los partidos políticos, más allá de empujar el status quo, lo mantienen y se benefician de este. Es por eso que, a partir del presente escrito, se exhorta a la reflexión de lo que realmente significa la inclusión de mujeres en una de las instituciones patriarcales por excelencia: los partidos políticos. Así, es importante que desde la sociedad, organizaciones de la sociedad civil y diversos aliados, se siga vigilando, analizando y exigiendo mejores procesos de designación y candidaturas.

En tercer lugar, otra de las cuestiones a denotar es que en el proceso electoral en México hay un esfuerzo casi nulo por parte de las autoridades para garantizar la transparencia y la información de calidad y en consecuencia, se impide que las personas ciudadanas tengan información completa respecto a los contendientes. Ejemplo de ello es que, en México, existe la Declaración3de3 la cual es una reforma legal que establece que las personas funcionarias públicas deben de presentar: “la declaración de situación patrimonial, de intereses y de impuestos, […], con la finalidad de contar con una versión pública que pueda ser publicada en el portal del Congreso, así como en aquéllas plataformas que se establezcan por temas de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y sólo 5.4% de los candidatos la presentaron.Por tanto, el proceso de designación de personas candidatas fue opaco y tiene indicios de haber estado altamente politizado. De la misma forma, en términos de designaciones, el proceso electoral en México fue altamente violento; de las personas precandidatas y candidatas se registraron por lo menos 15 asesinatos por motivos políticos.

Así, en consecuencia, ocurrieron diversos sucesos durante las elecciones en México. Uno de los ejemplos más claros del descontento corresponde al hecho de que casi la mitad de los ciudadanos no acudieron a votar y de aquellos que sí, un número considerable de individuos optaron por anular su voto. En el caso de los grupos históricamente vulnerados las protestas no se hicieron esperar. Por ejemplo, en algunas localidades de pueblos originarios a pesar de las cuotas de inclusión, no permitieron la instalación de casillas y optaron por autogestionar sus recursos y gobierno. Asimismo, algunas personas ciudadanas utilizaron las urnas y en concreto, las planillas electorales para denunciar y visibilizar violaciones de derechos humanos a partir de la escritura del nombre de mexicanos y mexicanas desaparecidos, violentados y/o asesinados por la crisis de violencia que se vive en el país o por motivo de género, raza, clase y/o preferencia sexual.

En este sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más grandes que ha traído consigo el último proceso electoral en México es que en vez de conformarnos con una representación descriptiva es importante que, como sociedad, manifestemos nuestro descontento e indignación, de diversas maneras, desde distintas esferas, para exigir que las personas candidatas más allá de solo hablar en nombre de una comunidad, atiendan a los grupos que representan mediante la apertura de espacios de colaboración y participación con la ciudadanía así como, mediante la creación, diseño y promoción de iniciativas, reformas, programas y proyectos de beneficio social.