Quedan pocos días para inscribirse al evento ‘Enfoques transfronterizos para los desafíos de transparencia y rendición de cuentas en América Latina’, en el que estamos colaborando con The Engine Room, Ojo Público, TEDIC y FLIP, entre otros. Mientras esperas, puedes leer nuestra reflexión sobre estos temas.

La corrupción es un problema grave en América Latina. Tiene consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales. De la mano con la impunidad, la falta de acceso a información, la toma de decisiones a puertas cerradas -y entre unos pocos, usualmente los mismos de siempre- corroe nuestras sociedades y comunidades políticas. Y es que socava algunos de los principios básicos que nos permiten vivir en conjunto.

Del nepotismo a la propina al policía, de los financiadores de campañas políticas a los contratos públicos, la corrupción encuentra muchas formas diferentes, pero consiste, siempre, en utilizar algo que es de todas y todos para el beneficio privado; es una solución personal y privada de problemas comunes, que afectan a toda una comunidad o a un grupo de personas, Traiciona valores que nos permiten vivir en comunidad: confiar, entregar, ser solidarias y solidarios, trabajar en conjunto por una vida y sociedad mejor.

La corrupción necesita de la impunidad, que es cuando quienes cometen acciones que van en contra de las reglas que hemos establecido para convivir no reciben sanción. Se establece así un círculo vicioso que transforma la corrupción en la norma: sabemos que quienes actúen de forma corrupta e ilícita no recibirán sanción. De esta manera, la corrupción se expande, transformándose en un problema sistémico y estructural, que permite mantener el status quo y la desigualdad. Deja así de ser un caso aislado, y se transforma en la forma en que el conjunto opera en todos los niveles de la vida social.

Aunque en Latinoamérica los indicadores de corrupción son más o menos similares a las de otras economías emergentes, la situación es mucho peor si nos comparamos con economías avanzadas,y hay que tener en cuenta que estos indicadores diluyen profundas diferencias al interior de la propia región. Además, existe un relación entre corrupción y quiénes son los más afectados por ella. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción reconoce que el fenómeno de la corrupción afecta a las personas más pobres de forma desproporcionada, desviando fondos destinados al desarrollo. Se socava la capacidad de los gobiernos de proporcionar servicios básicos, alimentando la desigualdad y la injusticia.

El análisis de los niveles de impunidad solo agrava la situación. De acuerdo al Índice Global de Impunidad 2017, casi la mitad de los países de América Latina examinados se encuentran entre los países con la peor calificación a nivel global.

Muchas veces la corrupción es entendida como un problema técnico que requiere de expertos que diseñen procedimientos e instituciones adecuadas. Si bien es cierto que estos problemas requieren de experiencia y conocimiento técnico, desde nuestra perspectiva estamos, ante todo, ante problemas políticos. Para hacerse cargo de ellos requerimos de acción conjunta y colectiva. Lo que está en juego es la vida en común y la distribución del poder.

En Ciudadano Inteligente creemos que la sociedad civil y ciudadanía son fundamentales para hacer frente a la corrupción e impunidad. Por ello, decidimos ser parte activa en las querellas por presunto delito de cohecho a fin de sancionar a quienes hubieran defraudado la fe pública en los casos de financiamiento irregular de la política en Chile. También nos sumamos al Consejo Anticorrupción, surgido en 2015 al calor de los escándalos por el financiamiento irregular de la política en el mismo país. De esta Comisión surgió el Observatorio Anticorrupción, una metodología y plataforma ciudadana de seguimiento a las medidas que emanaron de dicho Consejo.

A la luz de lo que está sucediendo en varios países de la región, nuevas interrogantes y desafíos surgen. El caso de Brasil es emblemático: el Congreso se apresta a votar reformas políticas con 238 de sus parlamentarios respondiendo a procesos en la Corte Suprema del país, en un contexto donde el actual presidente Michel Temer deberá responder a una segunda investigación, después de utilizar 4 billones de reales del erario público para pagar a diputados para que lo liberasen de la primera indagatoria. Al mismo tiempo, Brasil ocupa el tercer lugar a nivel mundial en población carcelaria, con más de 700.000 personas viviendo privadas de libertad. No se puede decir que es un país donde se privilegia la impunidad, sino que más bien la impunidad es un fenómeno selectivo, que privilegia las clases más ricas y aquellos que están en el poder, y que incluso pueden utilizar de la corrupción para librarse de las sanciones.

Las preguntas que nos surgen entonces, y que nos abren a nuevos desafíos, se refieren a entender la corrupción y la impunidad como problemas políticos, como asuntos de acción colectiva y ciudadana. Sin embargo, es justamente la ciudadanía la que se ha visto más desencantada y alejada de la política tradicional a la hora de develar, cada vez más ampliamente y con más evidencia, los casos de corrupción en la región.

¿Cómo promovemos, entonces, acciones colectivas potentes que nos permitan conocer, dar seguimiento, exigir, proponer y participar? ¿Cómo convocamos y narramos los casos de corrupción haciendo un llamado a no entregar la política a unos pocos, sino que insistiendo en la justa y necesaria distribución del poder? ¿Cómo combatimos la corrupción a través de las herramientas que nos ofrece la participación democrática?

América Latina necesita una ciudadanía activa y articulada más que nunca. La sociedad civil debe poner al servicio de esta causa toda la técnica y política disponible y por inventar, para encontrar soluciones novedosas y creativas a desafíos que van al centro de nuestra vida en conjunto.