La militarización no soluciona la crisis social

Las fuerzas armadas no están entrenadas para interactuar con la población civil.

Los soldados están entrenados para usar la fuerza para vencer a un enemigo en situaciones de combate, haciéndolos incapaces de estar en contacto cercano con civiles. Si esto ya es complejo para fuerzas policiales entrenadas, peor aún para las Fuerzas Armadas.

Debilita derechos, sobre todos de los más pobres.

Los países de América Latina que adoptaron la militarización, de acuerdo a un estudio de CELS, registran una serie de impactos graves en derechos humanos: vulneraciones que van desde la afectación del derecho a la vida, la libertad y la integridad física de miles de personas, hasta formas preocupantes de limitación de derechos políticos y sociales fundamentales como el derecho a la protesta, a la libre expresión y a la migración. La presencia militar en barrios conflictivos aumenta el número de víctimas letales de fuego cruzado, incluyendo niños.

Es una decisión costosa, de corto plazo, que desvía atención y recursos de los problemas sociales.

La militarización no resuelve los problemas del delito y la violencia y es al mismo tiempo un obstáculo para pensar soluciones reales. Las medidas de endurecimiento típicas de la demagogia punitiva se justifican en supuestas demandas populares de “mano dura”, pero en lugar de traducir estas demandas en políticas democráticas e inclusivas, alimentan la violencia y el odio.