América Latina, desde su constitución, lleva consigo un proceso de expropiación y violencia contra pueblos originarios, indígenas, africanos y afrodescendientes, quienes fueron esclavizados y abandonados por el estado desde el comienzo de su constitución; la colonización. A pesar de que al día de hoy la mayoría de los países se considera “independiente” de la colonia, los efectos sociales y raciales de esta no cuentan con un “final”; la exclusión, desigualdad y violencia continúan arraigados hoy, de manera intrínseca en el tejido social de los países latinoamericanos.

Esto significa que los procesos sociales, educacionales, formativos y políticos instalados en la región mantienen la esencia y parte de la herencia de este colonialismo, el que tenía como norma los desequilibrios y asimetrías en el acceso al poder, a las instituciones, a la representación y a los derechos sociales.

A pesar de esto, Latinoamérica ha sido testigo de que gracias a las incansables luchas de los movimientos sociales de base y la determinación de algunos liderazgos, se ha podido avanzar en la representación y el reposicionamiento de los grupos históricamente menos representados y vulnerados, lo que les ha permitido el acceso a salarios, diversificación de puestos laborales y acceso a universidades. Sin embargo, la participación en las esferas de poder ha sido breve y no ha tenido la real capacidad de penetrar en las estructuras de control tan bien establecidas por el colonialismo y por las desigualdades sociales.

Sumado a esto, las las élites económicas y políticas de América Latina y el Caribe han logrado llevar a cabo un proceso de intervención moral y política que aparenta promover y ampliar los derechos sociales, pero con un Estado muy “pequeño” como para defenderlos y garantizarlos, a la vez que existe un Estado “grande”, para aquellos procesos relacionados a condenas, penalización y muerte, que ha interpretado, además, la lucha por la igualdad como un llamado al desequilibrio social, y debe ser, entonces, enfrentado y contenido.

Estos procesos nos llevan hoy a la la materialización de la necropolítica, un proceso donde los propios estados promueven políticas que ocasionan muerte en su ciudadanía.

Se ha podido evidenciar esta tendencia en la violencia política y social contra mujeres, así como en otros grupos ya mencionados, donde la invisibilización, la no protección y el castigo estatal, se vuelve el centro de un avance neocolonial de la política latinoamericana. De hecho, de marzo a junio de 2020, en el contexto de la crisis COVID-19, la violencia contra las mujeres aumentó en un 22% en Brasil, según datos del Foro de Seguridad Pública del país. Con respecto a los residentes de los barrios marginales y la población negra, se duplicó el número de víctimas por violencia policial, incluso durante la cuarentena, añadido a que son también las mayores víctimas fatales de COVID-19.

Una situación similar se repite en el resto de América Latina. Países como Chile, Argentina, México y Ecuador han visto cómo las denuncias por violencia doméstica y violencia contra mujeres han aumentado críticamente en épocas de cuarentena. Esto no significa que la violencia desaparece al levantarse las medidas sanitarias; países como México y Bolivia, que cuentan con una legislación avanzada en materia de cuotas de género para una mejor representación en espacios de poder, presentan crímenes, acoso y hostigamiento recurrente, que busca impedir o cesar la participación política de las mujeres, llegando en muchos casos a la violencia física e incluso en asesinatos.

Por otra parte, y en relación a personas jóvenes que residen en barrios marginales, líderes comunitarios, activistas políticos, y grupos históricamente vulnerados son víctimas de criminalización por parte del Estado, a lo largo de toda Latinoamérica, provocando condiciones precarias, curvas de inseguridad, ataques y limitaciones para la toma de decisiones. Estos grupos, en pandemia y crisis sanitaria, suman a su condición la falta de atención social, apoyo económico y acceso a la salud.

En este sentido, las prácticas entendidas como violencia política se materializan en diferentes ámbitos: física, económica, psicológica e incluso virtual, y hoy han encontrado un terreno fértil para su difusión. Por esta razón, es fundamental que se promuevan acciones que permitan la participación política de estos grupos. Hoy más que nunca se debe prestar atención a las condiciones materiales, pero también sociales y de apoyo, siendo ambas parte de la infraestructura clave para una participación política segura, que no ponga en riesgo a la ciudadanía.

Debemos enfrentar y derribar la normalización de la violencia política para así defender la democracia y promover el fortalecimiento de las instituciones públicas.

¡Exigimos medidas de protección a todos los Estados de América Latina!:

  • Proyectos de ley nacionales que defiendan los marcos supranacionales sobre violencia política.

  • Más apoyo en las iniciativas y organizaciones que protegen a los grupos minoritarios y a sus líderes políticos.

  • Garantizar espacios de representación de grupos históricamente vulnerados en la construcción de políticas públicas.

  • La reconfiguración de la fuerza estatal, con especial enfoque en disminuir la sobre-reacción.

  • Creación de campañas que evidencien las desigualdades de género, raza, clase, sexualidad y territorio.

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