La pandemia del COVID-19 impone un desafío global a todas las esferas de gobierno: nacional, regional y local. Hoy somos 7 mil millones de personas en el planeta, de los cuales un tercio se encuentra confinada en sus viviendas debido a la pandemia. Cerca del 55% de la población mundial vive en ciudades; América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del mundo: más del 80% de su población se encuentra en las ciudades. De ser así, delante de la actual crisis, surge la pregunta: ¿cuál es el rol de los gobiernos locales en el enfrentamiento de la mayor emergencia sanitaria del siglo?

Lo primero, debemos diferenciar los distintos sistemas políticos: los centralizados de los descentralizados. En América Latina, el tipo de atribuciones de que disponen los gobiernos locales varía según la estructura del Estado y la profundidad de los procesos de descentralización emprendidos. En países federativos como México y Brasil, hay mayor autonomía a los estados y municipios en la estructuración de su régimen interior y decisiones políticas. En países unitarios como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, los gobiernos de carácter intermedio y local cuentan con grados variables de poder y responsabilidad. En el actual contexto de combate a la pandemia se verifica que los gobiernos locales se han vuelto un actor político decisivo para la adopción de medidas de emergencia, como el aislamiento social - en muchos casos en gran disputa con el gobierno nacional.

Este fue el caso de Brasil y Chile, por ejemplo. En Brasil, contrariando todas las recomendaciones de los órganos internacionales de salud, e incluso del propio Ministro de Salud de su gobierno, el presidente Jair Bolsonaro hizo una declaración en cadena nacional minimizando los efectos de la pandemia, refutando el aislamiento social y llamando la población a las calles para retomar la “normalidad”. La orientación del presidente se oponía directamente a la decisión de alcaldes y gobernadores de aplicar cuarentenas en el país, generando una pelea pública entre las distintas esferas de gobierno. La disputa llegó al Supremo Tribunal Federal de Brasil - más alta Corte del país - que decidió en contra el gobierno Bolsonaro, afirmando la autonomía de los estados y municipios en establecer medidas de enfrentamiento contra el virus.

En Chile, fueron los jefes y jefas comunales quienes empezaron a aplicar medidas de aislamiento social y que, de alguna manera, empujaron al Gobierno central a extender la medida a nivel nacional. Al principio de la crisis, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, había descartado la idea, mientras los municipios empezaban a adoptar medidas de aislamiento como suspensión de clases y cierre de centros comerciales. Eso ha generado igualmente un conflicto entre gobiernos, llevando al Ministro de Economía a afirmar que “el único que tiene la autoridad para cancelar o bloquear o no permitir el acceso a un establecimiento comercial es el Presidente de la República”. A mediados de marzo, con la declaración del estado de catástrofe en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera extendió las medidas de aislamiento a nivel nacional, marcando una victoria política por parte de los municipios.

A raíz de las dinámicas políticas que se establecieron con la crisis, mucho se cuestiona cómo debería ser este balance de fuerzas entre las diferentes esferas de poder. La revista The Economist, analizando el contexto estadounidense, concluyó que fue la rápida respuesta de los gobiernos locales que ha conseguido reducir el número de contagios, mientras que el gobierno federal, una vez que percibió la gravedad de la situación, ha experimentado severos problemas para poner en marcha sus medidas de apoyo económico y de salud.

En este panorama, cada vez más se reconoce el rol decisivo de las ciudades para enfrentar la crisis. UN-Habitat declara que las ciudades son la primera línea de preparación y respuesta a la pandemia global del COVID-19. Junto con las autoridades sanitarias y las comunidades, son los gobiernos locales y regionales quienes garantizarán que los servicios públicos en las ciudades y países de todo el mundo funcionen correctamente durante la respuesta. Además de la proximidad geográfica con las poblaciones, la cercanía de los gobiernos locales también se da por un tema de confianza política: una encuesta revela que 75% de la opinión pública chilena reconoce la relevancia de actores locales, como los alcaldes y la propia comunidad para combatir la pandemia, pero al mismo tiempo cuestiona la lentitud de respuesta del gobierno central. En Brasil, los gobiernos regionales son mucho mejor evaluados (58%) que el Presidente (33%).

De este modo, el contexto que vivimos revela la extremada importancia de la articulación, coordinación y cooperación entre las diferentes esferas de gobierno para actuar de forma conjunta. Además de un plan de actuación nacional, es necesario que los estados y municipios gocen de autonomía para establecer medidas focalizadas que mejor se adecuen a la realidad de su región.

En esta línea, el Banco Mundial ha destacado tres pilares fundamentales para que las ciudades enfrenten la crisis del COVID-19: el primer pilar es una ciudad inteligente - en la que la tecnología digital y la innovación son la base de la prestación eficiente de servicio; el segundo es una ciudad inclusiva - en la que la participación comunitaria está en el centro de la formulación de políticas, el diseño y la prestación de servicios públicos; el tercero es una ciudad sostenible - comprometida con los protocolos del medio ambiente para mejorar la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía.

En Ciudadanía Inteligente buscamos fortalecer los gobiernos locales y acercar la ciudadanía de sus gobernantes. En Abre Alcaldías, nuestro objetivo es fomentar ciudades inteligentes impartiendo metodologías y conceptos sobre innovación pública, derechos digitales y gobiernos abiertos en América Latina, preparando las ciudades para enfrentar las crisis de la actualidad de manera rápida, innovadora y eficiente.

Actualmente trabajamos con una red en torno de 30 municipios de México, Guatemala, Ecuador y El Salvador, capacitando a trabajadores y trabajadoras públicos en la co-creación de políticas públicas en conjunto con la ciudadanía. Las herramientas impartidas buscan poner las comunidades en centro de la gestión pública municipal, permitiendo que definan junto a sus alcaldías prioridades de soluciones para problemas públicos, planes de acción, control de presupuestos públicos e inclusión en el proceso de toma de decisiones. Creemos que fortalecer ciudades inteligentes e inclusivas es el mejor camino para salir de la actual crisis y construir un futuro pos-pandemia.